viernes, 30 de septiembre de 2011

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL ECUADOR - Ponencia



COORDINADORA CULTURAL PAIS

Adrián De la Torre Pérez. Vocero CCP
Quito, 22 de septiembre de 2011
I Congreso de Gestión Cultural. FLACSO


«Pensar es servir»
José Martí.

Estimadas amigas y amigos, autoridades presentes:
La visión de la Coordinadora Cultural PAIS, es que la gestión para el desarrollo cultural es una parte central del proyecto revolucionario; y que de hecho, la cultura acompaña la génesis de las causas sociales y el cambio cultural se constituye en su fin. Para lograr esto será necesario revolucionar el sector cultural y las formas de gestión que se han aplicado cuyos resultados históricos no nos dejan nada satisfechos. 
Nuestra posición se basa en la observación de la Constitución donde la palabra cultura no falta en casi ningún capítulo. Merecen especial atención los nueve artículos dedicados a derechos culturales y su régimen de aplicación; el régimen del Buen Vivir.  No escapará al conocimiento de los presentes que la actual Constitución es la primera que enuncia expresamente derechos culturales para quienes habitan el Ecuador[1].
Estamos en el momento histórico preciso para hablar muy en serio de una adecuada administración cultural que logre una eficiencia nunca antes vista en el sector.  Para empujar este salto al futuro, hemos aportado desde el 2006 con propuestas y análisis sobre aspectos conceptuales y operativos para una gestión cultural pública con sello ecuatoriano.
Varios textos que presentamos en la Asamblea Constituyente de Montecristi, fueron recogidos en la Constitución y así iniciamos la difusión de los nuevos derechos culturales y sugerimos una agenda mínima a desarrollar frente a las disposiciones constitucionales[2].  Presentamos también una propuesta para la Ley Orgánica de Cultura y hemos remitido a las autoridades políticas y culturales, nuestras observaciones acerca de la gestión  cultural en el país.
Para nosotros, la importancia de la cultura adquiere nuevas dimensiones cuando se desarrolla en un entorno revolucionario.  Se trata de un cambio en el pensar, el hacer y el ser. El cambio en la administración cultural corresponde y aporta al cambio estructural de la sociedad. De ahí la responsabilidad para emprender este camino con la convicción de que garantizar el desarrollo cultural es garantizar el buen vivir.
El cambio de época significa que dejemos de hacer lo mismo para obtener resultados diferentes, significa hacer cosas diferentes para que nuestra cultura sea diferente, implica desarrollar nuestra capacidad para hacer realidad lo que tanto anhelamos.
Una vez definido qué hay que hacer y para qué lo vamos a hacer, surge la importancia de saber cómo vamos a hacer para cumplir con el mandato constitucional y con nuestra visión de futuro, cómo vamos a organizar tanto optimismo y apurar las respuestas que la cultura reclama, cómo podemos conciliar administradores que no entienden de procesos culturales con artistas y cultores en diáspora.
La respuesta operativa está en el desarrollo de nuevos modelos de administración del factor cultural, siguiendo experiencias como la administración educativa o la gestión ambiental[3]. La administración cultural, al contrario de ciertos criterios interesados, no busca crear mecanismos de control y censura sino la optimización de procesos integrales de reproducción y recreación cultural.
Pero ¿cómo ha sido la gestión cultural pública durante las últimas décadas?  Tomemos como ejemplo la entrevista al Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mes pasado[4] donde el Presidente Rodríguez no tiene ni una sola palabra que decir sobre gestión cultural.
A Rodríguez no le motiva si se desconcentra o no la acción institucional; sus “objetivos” son sacar libros y hacer talleres sin precisar cuántos, dónde, cómo, ni para qué.  A fin de cuidar su imagen concede favores con dineros públicos, sin importar si sacrifica el aporte cultural y hasta la estética.  Las “presiones histórico-afectivas” se vuelven instrumento de gestión y elemento para la toma de decisiones. Sobre la Biblioteca Nacional, dice que como no le han dado un millón de dólares, pues nada, no hay ni un miligramo de gestión, ni un solo libro en siete años.
Cuando le preguntan si la CCE es una entidad que se dedica a hacer actos o a gestar cultura  responde textualmente: Ayayay, ahí sí… (se queda callado un momento). Rescataría los talleres como nuestro gran activo, y algo de los libros y del cine”.
Lo lamentable es que el país se acostumbró a estas respuestas en la gestión cultural pública, aunque de las declaraciones de Rodríguez se deriven las más variadas conclusiones sobre el desempeño administrativo y ético que ojalá la entidad rectora de la cultura nacional se sirva aclarar. Según nuestra evaluación, la reestructuración de la CCE es necesaria y urgente, incluso para salvar el buen nombre del Maestro Benjamín Carrión. 
El modelo de gestión de las últimas décadas salvo ciertos momentos lúcidos, nos hereda la práctica de una gestión fundamentalmente discrecional e incapaz de mostrar resultados verificables en base a –unas nunca terminadas de enunciar – políticas propias o de Estado. 
Por su parte el Consejo Nacional de Cultura nunca logró su plena constitución ni cumplió cabalmente sus objetivos, mientras el Instituto de Patrimonio Cultural trabajaba a contracorriente y con resultados permanentemente deficitarios. La Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación contaba con un presupuesto de $19.000 (DIECINUEVE MIL DÓLARES) para todo el país y para todo el año.
En lo social la gestión cultural se caracterizó por su constante reconocimiento a las élites y la actitud asistencialista del Estado a fin de que se “culturicen” las masas.
La Constitución del 2008 cambió radicalmente el esquema y desde entonces, la posibilidad del cambio cultural en la letra del pacto social está dada y esperando la acción integral de la Administración.
Cuando hablamos de Administración pública, es necesario remitirnos a varios instrumentos y estándares administrativos y democráticos. Estos instrumentos son en su base, las definiciones conceptuales y las definiciones operativas que formuladas con claridad impulsarían el objetivo de elaborar la planificación integrada del desarrollo cultural tal como se expresa en el Decreto Ejecutivo 05 que creó el Ministerio de Cultura.
Como no es extraño para ustedes, la cultura, si bien integra intangibles e imaginarios, tiene una base material y también un retorno material. Sin infraestructura, equipos y recursos la producción artística y cultural decae inevitablemente. Por esto es necesario que la administración sea capaz de gestionar estos elementos y lograr que, a distintos plazos, la cultura devuelva la inversión agregando valores como la cohesión social e  incrementando los bienes materiales y no materiales que constituyen la riqueza nacional.  
NUESTRAS PRIORIDADES
Para salir de la situación heredada consideramos necesario priorizar algunos proyectos.  Es conocido que uno de los indicadores para la toma de decisiones, es el impacto social, medido como cantidad de beneficiarios. Sin embargo, en nuestro campo debemos acompañarnos con la medición de los elementos cualitativos y el balance social.
La Coordinadora Cultural PAIS propone cuatro estrategias prioritarias:
1.     Conocimiento generalizado de los nuevos derechos culturales y planes para cumplirlos,
2.     Educación cultural y artística especializada, universal e integral,
3.     Creación de redes de centros culturales comunitarios, y
4.     Desarrollo del Sistema Nacional de Cultura.

Explico a continuación:
1.    Los nuevos derechos culturales ecuatorianos
En el análisis del Ministerio de Cultura[5], los derechos culturales se agrupan en tres clases: los derechos relacionados con el arte, los relacionados con el patrimonio cultural y los relacionados con la memoria social.  Sin embargo, una lectura más detenida de los derechos constitucionales expresados en los artículos 21 al 25, nos presenta un panorama más amplio.
Según nuestra lectura, existen otros derechos relacionados con los imaginarios sociales, los servicios estatales, los procesos de gestión estructurales, los de participación ciudadana, los derechos a la formación y al trabajo, entre otros. Reconocemos dieciséis derechos en el texto constitucional y son en orden de aparición:
1.     Identidad cultural
2.     Libertad de principios de cada comunidad
3.     Libertad estética
4.     Derecho a la memoria histórica y su consulta
5.     Acceso al patrimonio cultural y a la expresión cultural
6.     Facilitación del Estado de medios para conservar y acceder a la memoria cultural y fomentar el desarrollo de las identidades y los servicios culturales públicos
7.     Derecho a la práctica y difusión de las artes a través de la educación, formación profesional, infraestructura y equipamiento
8.     Privilegio de la actividad cultural con  mecanismos fiscales e impositivos diferenciados
9.     Derecho a que se implanten políticas culturales y procesos estables, medibles, con rendición de cuentas y participación ciudadana
10.  Derecho a un desarrollo cultural que no atente contra los derechos de las personas y la naturaleza
11.  Derecho al desarrollo de la capacidad creativa
12.  Derecho al trabajo cultural digno y sostenible
13.  Derechos correspondientes a la autoría de obras creativas culturales y científicas
14.  Derecho al espacio público para intercambio y cohesión social
15.  Derecho a la recreación
16.  Fomento a la investigación y difusión de los saberes ancestrales en los diferentes ámbitos del conocimiento social

No vemos recomendable amontonar derechos en grupos básicos, sino trabajar sobre el alcance de cada derecho con profundidad, creando un tejido complementario entre ellos, y desarrollando los mecanismos que permitan su cumplimiento. Y no es un tema menor el mencionar que la Constitución establece procesos interculturales en casi todas las materias de intervención estatal, como corresponde a un eje transversal.
El régimen de intervención se halla indicado en la Constitución, desde el Art. 377 al 380.  En este último se indican los deberes del Estado para el sector y de aquí se pueden obtener varias prioridades operativas. No se justifica, por ejemplo, que un festival musical aislado se presente como actividad realizada para “cumplir los derechos culturales de la ciudadanía”.  En todo caso, esa no es la idea cuando nuestros derechos son universales, irrenunciables y exigibles.
La revolución nos ha traído como logro histórico nuestros nuevos derechos culturales y no estamos dispuestos a regresar al pasado. ¿Se imaginan ustedes ejerciendo plenamente todos estos derechos? ¿Se imaginan que las autoridades los conozcan a fondo y los cumplan? La historia nos ha puesto una vez más en la situación de ser realistas y soñar lo imposible.
Los derechos culturales destacan la importancia de la cultura en la convivencia comunitaria y el desarrollo humano integral.  Es prioritaria La difusión del alcance de estos derechos entre la ciudadanía, pues proporciona una participación ciudadana informada, propositiva y cabal. 
En el sector popular, históricamente excluido de la administración cultural, hay la impresión de que los derechos culturales “no son para nosotros”. El modelo anterior nos convenció que en la lucha por la supervivencia, la cultura no era un tema fundamental y así nos contentaban con algún eventual pedazo de infraestructura. Como tienen la certeza de que el sector popular no es culto, justifican plenamente dedicar el gasto estatal a sectores que sí son cultos.  Sin embargo, el lograr que amplios sectores populares fortalezcan sus identidades y procesos culturales, será parte de una histórica toma de conciencia sobre esta necesidad básica negada durante siglos. Sin estos procesos, en el futuro se hará imposible hablar honestamente de interculturalidad y menos aún de revolución.
2.    La educación especializada integral
Los artículos del 21 al 25, apoyan el desarrollo de la educación especial para las artes y la cultura. Es fundamental el Art. 380 donde consta como deber del Estado: 4.- “Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes”.  Adicionalmente acude la ley Orgánica de Educación Intercultural donde nuestra Coordinadora logró incluir la disposición séptima que manda: “A partir de la promulgación de la presente Ley la Autoridad Educativa Nacional incorporará en el currículo la formación estética y artística que será obligatoria, progresiva y transversal en todos los niveles y modalidades”.
Esta y otras disposiciones legales, motivan a que en el corto plazo las autoridades culturales definan mejor y reclamen para sí algunas competencias necesarias dentro del sector educativo. Cualquier obstáculo causado por falta de norma habrá de remitirse a la Constitución  Art. 11, num. 3 (fin): No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento (de los derechos), para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
Consideramos que la preparación de contenidos para el currículo especializado así como la dotación progresiva de materiales especiales, podrían ser intervenciones positivas de la autoridad cultural.  Creemos plenamente justificable la coordinación de un subsistema de educación para la cultura y las artes, tras la consideración de su impacto social y de la favorable relación costo/beneficio.  Para esto es habilitante el Decreto Ejecutivo 05 según el cual el Ministerio de Cultura reemplazó a la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, que apoyaba (en teoría), la inclusión de la cultura en la educación así como el desarrollo de bachilleratos artísticos.
Integrar la cultura en la educación traería las siguientes ventajas:
1.     Mejorar sustancialmente la calidad de la educación hacia la formación integral
2.     Reclutar varios miles de profesores/as de arte y cultura para el circuito pedagógico
3.     Identificar talentos tempranamente y garantizar su posterior desarrollo
4.     Mejorar las capacidades mentales y sociales de la comunidad educativa
5.     Elevar las condiciones conceptuales y técnicas de los productores de arte y cultura
6.     Elevar la cantidad y el nivel de las prácticas culturales y artísticas en la sociedad
7.     Desarrollar centros culturales en las escuelas integrando a la comunidad y mejorar el uso del tiempo libre
8.     Prever un desarrollo estratégico e integral del sector
9.     Posibilita el cumplimiento del derecho universal de acceso a los bienes culturales y del patrimonio
10.  Cumplir con la Constitución y las leyes
Es de toda lógica atar el desarrollo cultural y artístico a los procesos educativos, de hecho, la mayoría de países lo hacen.  Sabemos que no pedimos poco, sin embargo, ese mismo es el reto del nuevo país. Nuestra juventud en muchos casos frustrada culturalmente, está esperando a que esto pase.
3.     La red de Centros Culturales Comunitarios
Los centros culturales comunitarios son un instrumento válido para la recreación de las culturas locales y la promoción de la participación ciudadana. Los concebimos como una forma de organización ciudadana de nivel barrial o superior, que con apoyo del sector público, utiliza espacios como escuelas fiscales o casas barriales para facilitar la creación, difusión y oferta cultural en su zona, interactuando con otros centros mediante la integración de redes o circuitos determinados. En estos espacios están los potenciales escenarios alternativos, con un público cautivo e interesado por la oferta cultural.
Estas redes amplían la relación directa con la base social, con sus necesidades y su producción cultural. Proponemos la creación y dotación de un paquete de servicios culturales básicos en los establecimientos ejes de esta red.  
Si nuestra visión corresponde con ubicar al colectivo como principal creador y receptor cultural, es necesario implantar estos procesos en la base social, desechando la visión anterior de que el consumo cultural es patrimonio de una élite estanca. 
El desarrollo de esta estrategia fortalecerá la cultura popular y permitirá descubrir nuevos mecanismos para su desarrollo.  Se trata de la construcción del poder popular desde y por la cultura.
4.     El Sistema Nacional de Cultura SNC
Unas políticas claras, una institucionalidad cultural equitativa más los elementos que hemos señalado, se entienden dentro de un Sistema Nacional de Cultura.  La importancia de implementar este sistema radica en que nos encaminará hacia un trabajo organizado, una inversión optimizada y al uso de instrumentos de gestión eficientes para el logro de objetivos medibles. Un modelo que funcione como la rueda dentada que cantó Nicolás Guillén.
La lógica del SNC se corresponde a una visión regional y a una visión sectorial o temática por lo que establece un sistema de indicadores nacionales que permiten enfocar la acción en base a información suficiente y confiable, de la cual actualmente carecemos.
*
Para terminar debemos decir que la evaluación de la gestión cultural pública en el Ecuador, deja todavía serios cuestionamientos, pero también principios de esperanza. Salvando las distancias entre casos e instituciones, no vemos aún grandes avances de una práctica cultural democrática en el territorio nacional.  En muchos casos, la intervención estatal sigue siendo chata, indolente, episódica, lenta, fraccionada y hasta alejada de los intereses de la mayoría.
Los colectivos culturales y ciudadanos de base se fijan ahora en sus derechos y en el desempeño de los mandos culturales. Debemos terminar con la costumbre de ubicar en los departamentos culturales a personas sin la vocación ni la preparación necesaria. Quienes hemos elegido esta combinación entre administración y cultura, esperamos autoridades que desarrollen un modelo administrativo que sea ciencia y que sea arte.
*
Agradecemos a la FLACSO por esta invitación y la alentamos a seguir realizando actividades que nos permitan desarrollar tesis para el desarrollo cultural.
Una última propuesta: a fin de que las importantes intervenciones de este Congreso encuentren un futuro deseable, invitamos a FLACSO y a quienes participan en este Congreso, a la conformación de un observatorio de derechos culturales que, con aval académico y en base a evaluaciones objetivas, contribuya al mejor desempeño del sector cultural.
Llamamos a mantener un esfuerzo conjunto, continuo y apasionado por ver mejores días para la cultura de la Patria. No hemos venido ni vendremos a buscar confrontaciones con ningún sector que crea en la revolución; estamos aquí para impulsar la revolución.
Hemos presentado nuestras ideas, con la seguridad de que han nacido de nuestra profunda convicción en la capacidad del pueblo ecuatoriano para construir sus sueños.
¡Por la Patria nueva y el socialismo!
¡Hasta la victoria siempre!
Adrián De la Torre Pérez
VOCERO COORDINADORA CULTURAL PAIS.   

Adrián De la Torre Pérez (Quito, 1963). Miembro fundador de la Coordinadora Cultural País. Ha realizado estudios de Música, Comunicación, Sociología, Teoría Cultural y Gestión Pública. Participó con propuestas en la redacción de los artículos culturales de la Constitución 2008 y ha desarrollado nuevas teorías y prácticas para la administración cultural pública. Entre sus obras están la AGENDA CONSTITUCIONAL MINIMA PARA EL SECTOR CULTURAL ESTATAL y APORTES PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL DEL FACTOR CULTURAL APLICADO A LA CONSTITUCION 2008.


[1] Salvo el caso de la Constitución de 1998 (neoliberalismo) que nos daba el único “derecho” de cumplir con la obligación del Estado que era cuidar el patrimonio.
[2] De la Torre Pérez,  Adrián. AGENDA CONSTITUCIONAL MINIMA PARA EL SECTOR CULTURAL ESTATAL. Coordinadora Cultural PAIS. Marzo 2009
[3] En los hospitales, por ejemplo, se ponía como director al médico más prestigioso con lo que se perdía un buen médico y no se ganaba un buen administrador.
[4] ‘En la CCE hemos hecho concesiones’. Marco Antonio Rodríguez. Presidente CCE. El Comercio jueves 18 de agosto de 2011. http://www.elcomercio.com/cultura/CCE-hecho-concesiones_0_532746815.html
[5] POLITICAS PARA UNA REVOLUCION CULTURAL. MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR.  2011. Pg. 28.

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